Trump se llena de frentes internos con abogados, universidades y el periodismo

El gobierno de Donald Trump atraviesa por un momento de turbulencia puertas adentro de su país debido a las tensas relaciones con tres de las principales instituciones de la vida democrática de los Estados Unidos como son las universidades, el periodismo y los abogados. A poco de comenzar su segundo período presidencial, de la mano de una serie de decisiones políticas fuertes y que han causado controversias en el plano político y social, el mandatario ya ha mantenido fuertes cruces, debates y hasta confrontaciones legales con esos sectores. Por medio de un memorando, el presidente Trump le ordenó a la fiscal general Pam Bondi llevar a cabo una investigación sobre la actuación de abogados y firmas legales que participaron en litigios contra el gobierno federal. La directriz, anunciada el 21 de marzo, busca sancionar a quienes presenten demandas que el mandatario republicano considera . frívolas, irrazonables y vejatorias”, entre las que pueden incluirse planteos sobre sus políticas de inmigración. Según el documento oficial publicado por La Casa Blanca, la medida pretende responsabilizar a profesionales de derecho que incurran en prácticas que, a criterio del gobierno, afectan la seguridad nacional, la seguridad pública y la integridad electoral. El memorando establece que la Fiscalía General priorizará la búsqueda de sanciones contra abogados y bufetes que promuevan demandas sin fundamentos jurídicos sólidos.  Además, contempla la aplicación de normas disciplinarias en el ejercicio profesional y la revisión de litigios ocurridos en los últimos ocho años. Las sanciones podrían incluir la revocación de licencias, la pérdida de contratos federales y la reconsideración de autorizaciones de seguridad otorgadas a abogados que hayan representado a inmigrantes o participado en casos contra la administración federal. LE PUEDE INTERESAR Terremoto en Myanmar: confirman más de 1000 muertos y 2000 edificios con grietas estructurales LE PUEDE INTERESAR Desplazar a Zelenski: Putin pretende instaurar un gobierno provisional en Ucrania Trump justificó su acción al argumentar que ciertas firmas y abogados han tergiversado hechos en tribunales para beneficiar a inmigrantes indocumentados. En ese sentido, aseguró que algunos han recomendado a sus clientes ocultar información o mentir en solicitudes de asilo. . El sistema de inmigración está repleto de ejemplos de comportamiento inescrupuloso por parte de abogados que socavan la aplicación de las leyes migratorias”, se lee en el memorando. La Casa Blanca citó la Regla Federal de Procedimiento Civil 11 como base para esta acción, que prohíbe demandas sin sustento jurídico y alegatos sin respaldo probatorio. . Las tergiversaciones y argumentos de mala fe saturan los tribunales y desperdician recursos de los contribuyentes”, afirma el documento. Ayer, la jueza Sonia Sotomayor, miembro destacado del ala liberal del Tribunal Supremo, enfatizó la necesidad de que los jueces mantengan una "independencia intrépida" para salvaguardar la supervivencia del Estado de Derecho.  Sus declaraciones, pronunciadas ante un auditorio lleno en el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, fueron tanto prudentes como enérgicas. Si bien evitó abordar controversias específicas derivadas de las acciones de la administración Trump, que ponen a prueba la comprensión tradicional del poder presidencial y que probablemente lleguen al Tribunal Supremo, dejó claro que sus observaciones sobre la fragilidad del sistema judicial estaban relacionadas con eventos actuales. En particular, lamentó "el hecho de que algunos de nuestros líderes públicos sean abogados que hacen declaraciones que desafían el Estado de Derecho". El grito de las universidades Por otro lado, las universidades comenzaron a manifestar en estos días un fuerte rechazo a las políticas que comenzaron a aplicarse en el ámbito de la educación superior. Algunos puntos cuestionados son los recortes de fondos federales, programas de investigación al borde del cierre, profesores y personal docente pasibles de ser detenidos y deportados por sus opiniones políticas. Según apuntaron, la educación superior estadounidense está sometida a una fuerte presión por el gobierno de Donald Trump. Ante la posibilidad de perder 400 millones de dólares en subvenciones federales, la Universidad de Columbia de Nueva York accedió a cambios exigidos por Trump, que había acusado a la institución de la Ivy League de tolerar el antisemitismo por permitir manifestaciones propalestinas en su campus. La presidenta interina de la Universidad de Columbia, la Dra. Katrina Armstrong, abandonó anoche abruptamente su cargo mientras la institución se enfrentaba a la pérdida de cientos de millones de dólares en fondos federales y al creciente escepticismo de la administración Trump sobre su liderazgo.  Tras la salida de Armstrong, Claire Shipman, que había sido copresidenta del consejo de administración de la universidad, fue nombrada presidenta en funciones. El movimiento se produjo una semana después de que Columbia cediera a una serie de demandas del gobierno federal, que había cancelado aproximadamente 400 millones de dólares en fondos federales esenciales, y dio paso al tercer líder de Columbia desde agosto Otra prestigiosa institución, la universidad Johns Hopkins, en Baltimore, ha visto evaporarse 800 millones de dólares en fondos federales lo que la llevó a anunciar más de 2.000 despidos. Miles de investigadores que contribuyen a algunos de los mayores avances médicos y científicos del mundo intentan reducir daños, o se preparan para su despido. La coerción de la administración Trump "forma parte de una estrategia autoritaria clara destinada a aplastar la libertad académica y la investigación crítica en la educación superior estadounidense", declaró Todd Wolfson, presidente de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP, por su sigla en inglés). Las "exigencias sin precedentes de Trump y las amenazas de acciones similares contra 60 universidades han generado inestabilidad y un profundo efecto paralizante en los campus universitarios de todo el país", advirtió la AAUP esta semana. El regreso del republicano al poder ha traído consigo decisiones impactantes, como la prohibición repentina de la enseñanza de ciertas asignaturas, el congelamiento de miles de millones de dólares en fondos de investigación e incluso el despido de docentes por sus opiniones políticas. "Hay un miedo y una incertidumbre latentes", declaró a la AFP una investigadora en astronomía de Boulder, Colorado, bajo condición de anonimato. "Cualquier cosa podría pasar en cualquier momento". Clima de miedo Cuando a un científico francés se le prohibió hace unos días la entrada a Estados Unidos debido a su opinión sobre las políticas de investigación de la administración Trump (obtenida tras una revisión de su teléfono, según informó su gobierno), la preocupación aumentó aún más. Washington niega que esa fuera la razón de que el docente europeo no pudiera ingresar al país. El clima de temor continuó en aumento tras la reciente detención para posterior deportación (suspendida luego por un juez) de un investigador postdoctoral indio de la Universidad de Georgetown por sus presuntos vínculos con el grupo palestino Hamás. La universidad, con sede en Washington, afirmó que respalda el derecho al debate abierto en el campus, "incluso si las ideas subyacentes pueden ser difíciles, controvertidas u objetables". Los investigadores advierten que el propio vocabulario que utilizan en su trabajo, desde "diversidad" hasta "vacunas" y "clima", pone en riesgo financiaciones de parte del gobierno. Si la ciencia es regulada "por personas ajenas a la ciencia, deja de ser ciencia y se vuelve política", declaró a la AFP un científico con 30 años de experiencia en investigación biomédica. La fortaleza del sistema de educación superior estadounidense reside en su capacidad de "crear y transferir conocimiento y participar en la investigación" y de innovar en pos del bien público, afirmó Lynn Pasquerella, presidenta de la Asociación Estadounidense de Colegios y Universidades (AACU, por su sigla en inglés). Pero lograr esos objetivos "presupone el libre intercambio de ideas" y la autonomía de las instituciones educativas. En este contexto, numerosos investigadores "eligen un perfil bajo", lo que subraya la atmósfera de miedo reinante, dijo la investigadora de Colorado. "Incluso si eres como yo, ciudadana estadounidense (...) te preguntas si aún tienes libertad de expresión y si sufrirías consecuencias por protestar contra la política de Trump". Para un estudiante de genética que no quiso ser identificado, el silencio de su institución escolar ubicada en el este de Estados Unidos sobre estos temas es muy preocupante. "No se ha hablado de ello ni se ha mostrado transparencia, a pesar de que todo en la universidad parece estar en llamas", dijo. Numerosos investigadores se niegan a su vez a admitir que algo así esté pasando en una nación que desde hace tiempo se considera académicamente estable y acogedora. Algunos se interrogan sobre su futuro profesional en Estados Unidos. La investigadora en astronomía recordó haber leído publicaciones en redes sociales de colegas que escribían cosas como: "Necesito información sobre cómo obtener un visado para España". Y ella misma no ha descartado explorar oportunidades laborales en el extranjero. El gobierno y la prensa, a los tribunales Representantes de la agencia estadounidense de noticias Associated Press y del gobierno de Donald Trump chocaron este jueves ante la justicia, donde AP intenta revertir la prohibición impuesta por la Casa Blanca para cubrir eventos oficiales del presidente. Las autoridades han excluido desde hace mes y medio a los fotógrafos y periodistas de AP de la cobertura de actos en el despacho oval y el avión presidencial por negarse a escribir en sus despachos "golfo de América", como Trump rebautizó por decreto el golfo de México en Estados Unidos. El 24 de febrero, un juez federal rechazó un recurso de esa agencia con 180 años de historia y pilar del periodismo estadounidense para restablecer su pleno acceso a la Casa Blanca, sin pronunciarse sobre el fondo del litigio. Pidió a ambas partes que le presentaran sus argumentos por escrito y fijó la audiencia de este jueves para debatirlos. El juez no tomó una decisión al terminar la jornada pero aseguró que lo hará "en el momento oportuno". La agencia demandó a tres funcionarios de la Casa Blanca por su exclusión de la cobertura oficial e invoca la Primera Enmienda constitucional, que garantiza la libertad de prensa y de expresión. Al inicio de la audiencia, el abogado de AP, Charles Tobin, calificó la inadmisión como una "represalia abyecta" que ha tenido "un impacto adverso y un efecto desalentador en toda la industria del periodismo". Evan Vucci, jefe de los fotógrafos de la agencia en la Casa Blanca, añadió que la prohibición los está "perjudicando enormemente". "Estamos básicamente muertos en la cobertura de noticias importantes", dijo. Dos semanas después de excluir a la AP, el gobierno estadounidense anunció que empezaría a decidir qué periodistas tienen acceso a los actos del presidente. Despojó de ese poder a la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, siglas en inglés), una alianza independiente que lo ha gestionado durante alrededor de un siglo. El "pool" de prensa de la Casa Blanca que viaja en el avión presidencial está formado por 13 periodistas de diversos medios (agencias de noticias, prensa escrita, televisión y radio). El grupo es ligeramente mayor en el despacho oval y durante otros actos en la Casa Blanca, aunque sigue siendo reducido. Brian Hudak, abogado del Departamento de Justicia, dijo en la audiencia que el acceso al "pool" es una decisión discrecional de la Casa Blanca y el presidente. "No hay, en virtud de la Primera Enmienda, un derecho de acceso para la prensa más allá del que se ofrece al público en general", precisó Hudak. El abogado de AP consideró que "la Casa Blanca cambió su política a un sistema de rotación que excluye" a esa empresa periodística. "Lo único que parece ser consistente es que AP no tiene permiso", añadió Vucci. AP estableció en su manual de estilo que el golfo de México ha "llevado ese nombre durante más de 400 años" y que la agencia "se referirá a él" de esa manera "mientras se reconoce la nueva denominación que Trump ha elegido". "Como una agencia de noticias global que difunde noticias en todo el mundo, AP debe asegurarse de que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", sostiene. Desde que regresó a la Casa Blanca en enero, Trump arremetió también contra medios públicos como la radio NPR y la televisión PBS, al pedir al Congreso que corte inmediatamente su financiamiento. Su gobierno busca llevar adelante una reducción drástica del gasto y empezó a desmantelar el sistema de radiotelevisión pública en el exterior y las radios Voice of America, Radio Free Asia y Radio Free Europe/Radio Liberty. Radio Free Europe, que acudió a la justicia, celebró este jueves una primera victoria después de que un juez suspendiera temporalmente la orden de recortar su presupuesto.