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El accionar del IOMA y el impacto en la situación de riesgos que vive el sector privado. La falta de hospitales y equipamientos
El despilfarro que causa la inexistencia de un sistema de atención de la salud en la provincia de Buenos Aires produce marchas y contramarchas agravadas por la falta de un plan a largo plazo del gobierno. Los representantes de todas las organizaciones que intervienen en esa área tienen como principal preocupación y motivo de gestiones el atraso de los pagos del IOMA, de lo que no quieren hablar por temor a represalias de esa entidad; cuando le reclaman certeza en las fechas de pago y lo reducido de los honorarios que abonan reciben como respuesta la frase “si no les gusta, se pueden ir”.
Aparentemente, la suposición es que están siendo estranguladas económicamente. Esta situación se manifiesta desde hace décadas.
La crisis económica desde los años 50 que fue reduciendo los menguados recursos de la Provincia son la causa de que no se construyeran hospitales al ritmo del crecimiento de la población de La Plata, que además por ser un centro de alta complejidad atiende a habitantes de otras ciudades. Esa carencia fue suplida por lo que es denominado el sector privado de la salud, aunque dos de los tres sanatorios con mayor número de camas en la Ciudad son propiedad de mutuales. Sin la existencia de esos establecimientos no estatales, la situación sería calamitosa. Pero además, el 70 por ciento de los pacientes que atienden son obligatoriamente afiliados del IOMA, que en la práctica es una organización paraestatal ya que hace años que es conducida de acuerdo a las políticas del gobierno de turno. Por lo tanto, dependen en gran medida de la obra social estatal, pero a la vez suplen carencias del Estado y desempeñan un papel de vital importancia.
En algunos casos adquirieron aparatos de los que carecían los hospitales públicos o que solían no funcionar por falta de mantenimiento. Aunque en los últimos tiempos, los paupérrimos honorarios que paga el IOMA, les han impedido a los nosocomios la renovación del equipamiento.
Diariamente atienden cientos de pacientes ambulatorios aliviando a los sobrecargados establecimientos estatales en los cuales las personas suelen hacer largas colas, a veces desde las seis de la mañana o hasta más temprano.
La carencia de recursos puede observarse también en el estado y mantenimiento de los edificios que fueron construidos a finales del siglo XIX y hasta 1952. Desde entonces poco o nada se ha hecho.
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Por todas estas razones cualquier plan que se proyecte debería tener en cuenta e incentivar a los nosocomios privados o de propiedad de mutuales, generando las condiciones financieras para que la ampliación de los existentes y la construcción de otros sea posible. Por lo pronto,no parece previsible que, en el corto plazo, la Provincia logre los recursos que le corresponden de la coparticipación para hacer frente a los gastos e inversiones necesarias en la seguridad, la educación y la salud pública. De lo contrario, debería estatizar a las clínicas ya que es imposible cerrarlas sin causar una hecatombe sanitaria.
El ministro Kreplak afirmó que por la pauperización de la clase media y la desocupación que afecta la economía de las obras sociales, las clínicas privadas se fundirán por la reducción del número de pacientes. Sin embargo, en La Plata en general suele ser muy difícil obtener una cama para un paciente durante prolongados períodos de tiempo. Algunas instituciones tienen una ocupación promedio en el año del 80 por ciento; pero a pesar de ello, por ejemplo, el hospital Español debió suspender un plan de ampliar su edificio por las dificultades económicas surgidas de la reducción en valores reales de los precios que paga el IOMA por las diferentes prestaciones. El mes pasado dos empleados del diario EL DIA sufrieron las consecuencias de las limitaciones en la capacidad para internar pacientes en algún sanatorio.
Los sanatorios dependen de la obra social estatal, pero a la vez suplen las carencias del Estado
Pero más grave aún es que a medida que el IOMA redujo los precios el sector no estatal se vio obligado a dejar de comprar aparatología de la que carecen los hospitales públicos y que tienen importancia para poder diagnosticar más rápidamente enfermedades,en las que ese factor es muy importante como también para el más eficaz tratamiento de distintas dolencias.
La desvalorización de los honorarios médicos que ha llevado a cabo el IOMA está produciendo también el éxodo de profesionales a la capital federal y a otras provincias en las que logran mejores ingresos. La falta de equipamiento de última generación produce situaciones como la vivida por un exintendente de La Plata con dolencias varias, alguna delicada, a quien el médico le dijo: “ Dr. mi equipo humano y yo ganamos lo mismo aquí que en Buenos Aires, pero Ud. tiene una buena prepaga y podemos atenderlo allá donde contamos con equipos que en La Plata lamentablemente no hay”.
Además de evitar la destrucción de los establecimientos no estatales, resultaría de gran importancia evitar la superposición de funciones entre los organismos públicos, como ocurre, por ejemplo, con las 40 salas municipales instaladas en la periferia de la Ciudad, las que sí deben derivar un paciente a un hospital público generalmente no tienen comunicación directa y confiable con el establecimiento al que derivan donde revisarán nuevamente al paciente como sin ningún médico lo hubiera hecho antes. Esas salas deberían ser dotadas de equipamiento y así permitirían reducir la cantidad de personas que van a los hospitales estatales.
La ineficiencia del sector estatal significa pérdida de ingresos porque generalmente no se identifica a quienes están asociados a una obra social a fin de cobrarle los honorarios que corresponden que pueden ser significativos.
De un muestreo llevado a cabo hace cuatro meses que no puede considerarse de la exactitud de una encuesta, surgió que por lo menos el 20 por ciento de los atendidos en los centros públicos pagan a una obra social que debiera hacerse cargo de sus gastos de salud. Pero muchas veces son los propios hospitales estatales los que no realizan las gestiones correspondientes para cobrar.
Otro tanto ocurre con las compañías de seguros ya que rara vez se les facturan los gastos incurridos en accidentes de tránsito aunque es una obligación indiscutible de las aseguradoras. Pero generalmente los hospitales tampoco hacen el reclamo de lo que les correspondería cobrar.
La Plata ha sido y es todavía un Centro de excelencia médica, cualidad que el Estado debería intentar por lo menos mantener.
En ese aspecto llama la atención la actitud del IOMA de convertirse en prestador a través de un primer paso que fue la estatización de la Clínica del Comahue en Temperley. La misma era administrada por una cooperativa que quebró, según sus directivos y el gremio, por responsabilidad del IOMA y que actualmente es operada por la Fundación Mainetti de la que su directorio está actualmente integrado por representantes del IOMA, del ministerio de Salud y un representante de la Federación de Instituciones. De esta manera, en la práctica ha sido convertida en una dependencia del Estado y que a través de un fideicomiso se hizo cargo al mencionado sanatorio, mientras en la práctica no se están llevando a cabo para que el COE (Centro Oncologico de Excelencia) cuya actividad era el objeto de la Fundación.
En paralelo, el IOMA autorizó el funcionamiento de 232 policonsultorios, muchos de los cuales atienden una sola especialidad pero que gozan de privilegios y al no realizar el trámite de habilitación en el Colegio Médico no son objeto de auditorías que verifiquen los antecedentes de los profesionales que allí se desempeñan.
Esos centros son propiedad de empresas, algunas son dueños de más de uno que compiten con los que ejercen su profesión en forma independiente. Las consultas de los pacientes se pagan como si todos los profesionales estuvieran incluidos en la máxima categoría para la liquidación de los honorarios pero esa pertenencia corresponde a quienes tienen más de quince años en la profesión.
Un vocero del IOMA afirmó que los Policonsultorios pueden atender también a personas que no son afiliadas a la obra social bonaerense en zonas en las que no existe infraestructura médica. Sin embargo, en La Plata generalmente se han instalado en zonas céntricas.
Ante ese panorama las organizaciones de médicos y las que agrupan a las clínicas evitan pronunciarse y ni siquiera se dan por enteradas de la evolución de los llamados Policonsultorios, guardan un prudente silencio porque sienten que dependen del IOMA.
Sin embargo, en conversaciones informales algunos han admitido que la situación de las clínicas es cada vez peor lo que podría determinar convocatoria de acreedores y por lo tanto ser administradas por entidades paraestatales como lo es ahora la Fundación Mainetti.
En cuanto a los consultorios aceptan que podría ser un primer paso para eliminar intermediaciones en el trato con los médicos y que se los pudiera contratar en forma individual.
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