Educación inclusiva: pese a avances persiste una fuerte deuda

Pese a que los estudiantes con discapacidad tienen derecho a recibir educación en las mismas escuelas que los demás, en Argentina casi la mitad de ellos no lo hace, según datos difundidos por el propio Ministerio de Educación.

Como se desprende del Relevamiento Anual de 2021 de la Dirección de Información y Estadística Educativa del Ministerio de Educación, hay 209.553 alumnos con discapacidad matriculados en establecimientos educativos del país, 101.107 de los cuales asisten a establecimientos de educación especial.

“Casi el 50% asisten a establecimientos de educación especial”, reconoció el subsecretario de Gestión Educativa y Calidad del Ministerio de Educación, Mauro Di María en el marco del Día Nacional de la Educación Especial, fecha que se conmemora hoy por el aniversario de la creación de esta modalidad.

“La discapacidad nace en la interacción entre las características personales y barreras del entorno. Y lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad es eliminar esas barreras”

Belén Arcucci
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia

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La Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidad en todos los niveles y modalidades, según la Ley de Educación Nacional.

En esta ley “está volcado el paradigma médico, con la modalidad especial, donde se consideraba que las personas con discapacidad tenían condiciones personales por las que no podían acceder a los mismos espacios y ámbitos que el resto de la población a menos que se puedan rehabilitar o tratar médicamente”, explicó Belén Arcucci, coordinadora del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“Ese paradigma propone la existencia de espacios segregados específicos para las personas con discapacidad como escuelas especiales en el ámbito escolar, muchas veces determinadas según el diagnóstico”, mencionó.

Sin embargo, como establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), tratado de derechos humanos al cual Argentina adhirió en el años 2008 y que desde 2014 tiene rango constitucional, los estudiantes con y sin discapacidad tienen derecho a estudiar juntos en las mismas escuelas, .

En este marco el Consejo Federal de Educación adoptó en 2016 una resolución que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a ser inscriptas y desarrollar sus trayectorias educativas en todos los niveles de la escuela común. Pese a ello, en casi la mitad de los casos no sucede así.

“En la institución que sea debemos garantizar que el aprendizaje acontezca”, dijo el funcionario de Educación, quien reconoció que si bien desde la cartera se “generan condiciones para esto”, con diferentes políticas y acciones, “cada jurisdicción va pensando su propia propuesta educativa de acuerdo a las particularidades de su propio territorio y comunidad”.

“Ganar en inclusión es ganar en estudiantes compartiendo el mismo espacio para el aprendizaje. A veces es posible en lo inmediato, otras no, por variables muy diversas pero ese proceso de transformación de mirada, paradigma y de la realidad, se da paso a paso. Argentina dio pasos agigantados en este sentido”, aseguró.

A 15 años de la CDPD, la matrícula en escuela común aumentó un 9,30% entre 2020 y 2021, apuntaron desde ACIJ en su informe “¿Cuál es la situación de la educación inclusiva en Argentina?”.

En marzo de 2023, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizó observaciones a Argentina y llamó al Estado a “redoblar esfuerzos para poner fin a la educación especial segregada, incluyendo un plan de acción nacional sobre la educación inclusiva de calidad (...)”, entre otras exigencias.

“La CDPD plasma jurídicamente el modelo social de la discapacidad, que cambia la mirada con respecto a las personas con discapacidad, algo clave para entender la mirada en la escuela. Desde este modelo, la discapacidad nace en la interacción entre las características personales y barreras del entorno. Y lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad es eliminar esas barreras”, resaltó Arcucci.

“Hubo avances, hay un aumento de estudiantes con discapacidad en la escuela común, pero también surgen otros problemas como el personal de apoyo que sí o sí tiene que estar y, si no está, el estudiante no puede estar. Esas son barreras que tampoco se pueden tolerar de la educación inclusiva”, agregó.

Desde ACIJ reforzaron la idea de la necesidad de “transformar la escuela especial en centros de apoyo a la inclusión en escuela común”, sin desaparecer saberes y profesionales de la escuela especial.

Sin embargo, “muchas familias de personas con discapacidad se oponen porque dicen que ‘no hay inclusión real en las escuelas’ y que ‘no están preparadas’ (...). Las familias atraviesan situaciones horribles y los chicos sobre todo pasan por rechazos en la matriculación. Es algo que sigue pasando”, explicó Arcucci.

“No estamos de acuerdo con que las escuelas especiales sean una ‘segregación’”, dijo Maritza Rodriguez, madre de Dayann Loayza, una joven de 24 años con epilepsia refractaria y retraso madurativo.

“Son el espacio donde nuestros hijos no se sienten los relegados de la sociedad, donde comparten su tiempo. Ese es su mundo en el que se desenvuelven tranquilamente sin sentir la frustración de no encajar en los círculos sociales de una escuela común. A nosotros nos están queriendo imponer esa estructura de educación diciéndonos que los chicos tienen que asistir a una escuela común, pero es humanamente imposible”, agregó.

En base a la experiencia de la agrupación en CABA “la educación común no está adaptada”, relató la madre que integra Familias y Docentes de Escuelas Especiales de Formación Integral en Ciudad de Buenos Aires, por el derecho a la Educación.

“Nuestra primera arma, cuando nuestros hijos/as eran chicos, fue llevarlos a la educación común, pero fracasamos. Su tiempo es distinto, no les permite seguir el ritmo de aprendizaje. No todos los chicos con discapacidad pueden ser incluidos en la educación común”, consideró.

En la actualidad, la agrupación lucha por las y los jóvenes con discapacidad mayores de 22 años que “quedaron fuera del sistema educativo” y piden “formación permanente”.