Fotomultas, un mundo de sospechas y millones

El sistema de fotomultas, con la instalación de los llamados cinemómetros, hace tiempo se encuentra en tela de juicio y tiene a casi todos sus actores bajo sospecha en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un negocio que factura millones, sobre el cual existen distintas investigaciones judiciales tratando de poner claro sobre oscuro.

En una de ellas, a cargo del fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, acaban de ordenar un allanamiento en una de las empresas prestatarias del servicio, que se identificó como CECAITRA, y también en la casa de su presidente.

En los fundamentos del pedido, que convalidó el juez garante, Juan Pablo Masi, el titular de la UFI N° 11 expuso que “con la provisoriedad de esta instancia se acredita que, al menos desde el 3 de enero de 2022, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina habría facturado de modo irregular y sin la correspondiente autorización legal el importe producido por las infracciones de tránsito constatadas por 155 cinemómetros de su propiedad”.

El fiscal expuso que oportunamente, en el marco de la pesquisa, requirió distintos informes a organismos públicos bonaerenses para que indiquen si esos equipos poseen las certificaciones técnicas y administrativas necesarias para que las presunciones constatadas sean legítimas y no operen como los llamados “cazabobos”.

A modo de ejemplo, cabe recordar que el Ministerio de Transporte provincial tuvo que anular todas las fotomultas labradas en la Ruta 205, en jurisdicción de Cañuelas, entre el 1° de marzo y el 15 de julio de 2023, por problemas en la señalética.

Profundizó Garganta que “la Dirección Provincial de Apoyo y Coordinación Técnico Administrativa, dependiente de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, informó la existencia de 1404 cinemómetros vigentes (Tipos: fijo, luces, semáforo, casco, cámara y móvil) en el territorio de la Provincia de Buenos Aires; de los cuales ciento cincuenta y cinco fueron provistos por CECAITRA y registran ´sin acto administrativo´ por lo que se entiende que carecen del certificado de conformidad respectivo”.

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“Que a los demás elementos hasta el momento colectado se adunan las manifestaciones de Matías Germán Trejo, quien resulta ser propietario de la empresa Safety Vial, proveedora de equipos para el control de tránsito, y advirtió irregularidades en el proceso de validación de las presunciones (de infracciones de tránsito) que las empresas proveedoras confeccionan y envían a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del Ministerio de Transporte Provincial. A éste respecto precisó que las presunciones confeccionadas por la empresa CECAITRA siempre tramitan a una velocidad mucho mayor que la del resto de las empresas proveedoras. Que esto último comenzaron a detectarlo cuando, al enviar sus lotes de presunciones estos eran observados o tenían una demora sustancial en generarse el legajo correspondiente y, por el contrario, las presunciones ingresadas por CECAITRA contaban con una celeridad mucho mayor a las del resto”, agregó.

En ese sentido, en su requerimiento, Garganta sostuvo que el denunciante les indicó que “este tema les causó un perjuicio económico de tal envergadura que motivó la inter consulta con otros colegas, entre ellos TN Group, quienes también se ven afectados por este irregular proceder”.

Por eso consideró clave la obtención de elementos de interés para su investigación y solicitó el decomiso de “documentación (digital o soporte papel) relativa a la existencia, instalación, habilitación, certificación de los equipos cinemómetros que provee CECAITRA; documentación (digital o soporte papel) relativa a la facturación y/o registro de los ingresos producto de las infracciones constatadas y a la trazabilidad de dichos fondos; aparatos de telefonía celular, tanto personal como corporativo del presidente de la empresa”.

La sede de la firma allanada funciona en Boulogne, de acuerdo a voceros con acceso a la pesquisa, mientras que la casa de su titular se encuentra en la localidad de La Lucila, dentro del partido de Vicente López.

¿AMIGOS O ENEMIGOS?

Lo curioso del caso, expresaron fuentes de tribunales, es que las distintas compañías del mercado presentan actores en común, que a veces aparecen como denunciantes de las otras, en algunas como socios y/o empleados y también como asesores o colegas.

Eso ha elevado el nivel de alerta y motorizado expedientes judiciales, como el del propio juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, quien puso la mira -entre otras- en la Universidad de San Martín y, en su fundación, ya que aparecerían en el reparto de fondos de las multas de tránsito.

Por eso dispuso recientes medidas en las municipalidades de La Matanza, Morón, General Pueyrredón, Roque Pérez, Junín, Olavarría, Zárate, General Rodríguez, 9 de Julio, San Isidro y San Martín.

El juez Culotta señaló que “las inconsistencias aparecen en la distribución del 80 por ciento del ingreso -el 20 restante va a la Provincia-, donde los municipios reciben solo entre el 15 y el 30 por ciento de cada infracción, mientras que el resto queda en manos de las empresas prestatarias o universidades”.

Por eso el escándalo está lejos de cerrarse. Incluso tiene en el centro de la polémica a muchos jueces de faltas.

Esa denuncia la presentó Leandro Camani, presidente de SECUTRANS S.A., quien planteó la existencia de un esquema de borrado de multas, con gestores de intermediarios, que perjudicaría las arcas oficiales y a las propias.

De hecho, la Provincia meses atrás anunció una nueva forma de auditoría de la recaudación por infracciones de tránsito, con participación de la UNLP, aunque por ahora no se conocieron otros avances.