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También a ex funcionarios y a empresarios platenses. Se investigan maniobras fraudulentas con loteos y pago de sobreprecios a empresas "amigas"
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Avanza la investigación por los barrios ilegales de La Plata y este lunes, por pedido del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, se llevaron a cabo varios allanamientos, entre ellos, en la casa del ex intendente Julio Garro, que quedó imputado por los delitos de "Asociación Ilícita, Incumplimiento de los deberes de Funcionario público, Falsedad Ideológica de documento público y Administración fraudulenta en perjuicio del estado".
Además la solicitud pesó sobre otros ex funcionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las supuestas maniobras fraudulentas que se investigan. En el expediente al que accedió EL DIA se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares.
El caso lo lleva adelante la Dra. Marcela Inés Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N°5, que hizo efectivo el pedido del titular de la UFI Nº16 de nuestra ciudad. Fuentes de la investigación le confirmaron a este diario que hoy se llevaron a cabo un total de 5 allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, los asientos físicos operativos y administrativos de cuatro empresas privadas y domicilios particulares de empleados municipales y privados, efectivizadas por personal de la Dirección de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado. "En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia" agregaron las mismas fuentes.
Cabe destacar que la Municipalidad de La Plata, en un comunicado, informó que unos 400 barrios cerrados de la Ciudad, cuya aprobación por el Concejo Deliberante fue impulsada por el ex jefe comunal, son “ilegales”. Se trata de urbanizaciones que violaban la ley provincial del uso del suelo y por lo tanto son nulas, se informó. Esto motivó que la Comuna se presente ante la justicia penal, que investiga lo ocurrido.
"De los elementos reunidos en la presente investigación se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aun no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización Provincial respectiva para cada emprendimiento. Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas/desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de U$D1.500.000.000 (mil quinientos millones de dólares), ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos. En ésta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas".
En tanto, en función de la investigación llevada adelante hasta el momento, el fiscal señala tener la "sincera e íntima convicción" de la existencia de "la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión".
Además, entre los considerandos señala que las peticiones "tienen como fin resguardar la documentación y elemento de interés que pueda existir en poder de las empresas y los causantes en cuestión, así como poder avanzar en los hechos que se investigan, y la interconexión entre si, especialmente entre los sindicados en las presentes como aquellos que devengan de las pruebas que se colecten".
Además de Garro, quedaron imputados en la causa los ex funcioanarios María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones). En tanto se ordenaron allanamientos a las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A.
En tanto, el fiscal Concomí Alcorta pide investigar, y presentó documentación, en la que se acredita sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell. La obra encomendada por la Municipalidad de La Plata consistía en "la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, es decir en intersecciones de las calles 467 y 160 de la ciudad de La Plata, la cual particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva. De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de $39.080.657debiéndose abonar según convenio de fecha 13 de julio de 2022 (...) (firmado por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y por el ex intendente de la Ciudad de La Plata Julio Garro) y que la plusvalía total ascendía de $77.459.684 (no se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto)".
Cabe destacar que este diario le consultó al ex intendente sobre la imputación y el allanamiento pero, por el momento, aseguró que se mantendrá en silencio.
Ariel Fabián Bordigoni se comunicó con este medio para mencionar: “La empresa que represento no suscribió contrato alguno con el Municipio de la Ciudad de La Plata en relación a la construcción de Barrios Privados; En el período comprendido entre los años 2015 y 2021, los cuales son materia de investigación, la empresa que represento no suscribió contrato alguno con la Municipalidad de La Plata; El Ingeniero Marcelo Genoro fue contratado por la Empresa que represento, luego de su renuncia como funcionario de la Municipalidad de La Plata para la realización de una obra en la Localidad de Las Flores Provincia de Bs. As. como Ingeniero Civil, contratación que se acredita con la documentación respaldatoria correspondiente como así también por el testimonio del Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Las Flores; La empresa que represento mantiene vigente únicamente al día de la fecha dos contratos con la Municipalidad de La Plata relativos a la reparación de Bacheos en la ciudad y la puesta en valor de la Calle Cantilo entre el Camino Centenario hasta la plaza Belgrano de localidad de City Bell, esta última inaugurada en Mayo del 2024 por el actual Intendente Dr. Julio Alak; Los únicos pagos efectuados por el Municipio de la Ciudad de La Plata a la Empresa Bordigoni y Cía SRL corresponden única y exclusivamente a las Obras de Bacheo y puesta en valor de la calle Cantilo de la Localidad de City Bell; ambas obras de carácter público”.
El documento emitido por la Comuna sobre los 400 emprendimientos cuyas obras se encuentran suspendidas desde septiembre pasado, por un decreto del Intendente, subraya que “nunca” la Municipalidad debió autorizar el inicio de esas obras. “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables”, afirmó la Municipalidad. De acuerdo al ordenamiento jurídico de la República Argentina las normas provinciales tienen prevalencias sobre las municipales.
En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense “instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas”, explican. Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.
La Municipalidad sostuvo que “ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial” y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen “pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares”.
De este modo, el gobierno local buscó aclarar la incertidumbre que muchas familias tienen con respecto a este tipo de operaciones. Pero, para finalizar, el documento señala de forma contundente: “El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanzas que no están convalidadas”. Y refiere a que la situación de irregularidad fue “advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.
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