Cooperativas eléctricas del interior, con deudas y “en riesgo de desaparecer”

Acorraladas por las deudas y por una reciente decisión del gobierno nacional, las 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense se declaran en estado de alerta y advierten: “Corremos peligro de desaparecer”.

Esto, mientras la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) avanza en un plan de pagos para que las distribuidoras y prestatarias del servicio puedan regularizar una deuda equivalente a más de USD 1.100 millones por la energía que no pagaron a tiempo. Las empresas señalan que la principal causa de la mora es que el atraso tarifario de los últimos años no alcanzó para cubrir lo costos. Ese congelamiento, alegan también, les ha impedida avanzar con una mayor inversión en infraestructura, lo que ha resentido la calidad del suministro.

Para “sanear” esa situación, ahora el Gobierno se apresta a oficializar un esquema de refinanciación que incluye un período de gracia de un año y luego otros 6 años para regularizar la deuda, con una tasa de interés diferencial.

¿Problema o alivio?

Pero ese “salvataje” tanto podría ser un alivio como un problema si no se atiende la real capacidad de pago de las cooperativas, que temen no poder afrontar los montos de las cuotas e intereses mensuales y caer nuevamente en impagos.

“Hoy la situación de las cooperativas es muy grave”, alertó la semana pasada el titular de la Federación de Cooperativas de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA), Oreste Binetti, durante una reunión de la entidad en Olavarría. En ese marco, repasó la compleja situación del sector y reconoció: “En estos días días tenemos que firmar (un acuerdo) por una deuda muy importante con Cammesa y no sabemos cómo vamos a hacer para cumplir con eso”.

Binetti puso como ejemplo el caso de la cooperativa eléctrica de Luján, que preside: dijo que, de suscribir a la refinanciación que propone Cammesa, a los 2.200 millones de pesos que pagan mensualmente por la provisión de energía deberían sumarle otros 400 millones de pesos en concepto de intereses. “Hoy no estamos en condiciones de poder hacerlo. Corremos peligro de desaparecer. Lo que necesitamos es un plan, mucho más amplio y accesible para lo que estamos pasando”, reclamó.

Según datos oficiales, la deuda de 79 distribuidoras y cooperativas con la compañía administradora suma en total $2,35 billones. De esos, alrededor de $1,14 billón logró acuerdos de normalización antes de 2023 y otros $111.684 millones durante 2024.

Como se dijo, el plan que se propone ahora es por los $1,1 billones (US$ 1.000 millones) que quedaron sin normalizar. La mayor parte de esa deuda se habría acrecentado por la devaluación de diciembre de 2023 y la demora tanto por parte del Gobierno nacional como de las provincias en otorgar aumentos tarifarios para las distribuidoras que regulan.

En paralelo, el sector cooperativo reclama que la administración de Axel Kicillof autorice un incremento mayor para el servicio de luz, a fin de destinar ese dinero a saldar la deuda con Cammesa. La postura de la Provincia, hasta ahora, ha sido que se trata de un conflicto derivado de “una relación entre privados”, a la par que le apuntan a la Casa Rosada por la decisión que prohíbe a las distribuidoras y cooperativas cobrar tasas o conceptos ajenos a la facturación del servicio eléctrico.

Para la Provincia, esa medida “avasalla el marco regulatorio provincial y atenta contra las cooperativas eléctricas bonaerenses, fundamentales para garantizar el acceso a la electricidad en áreas que a menudo no son atendidas por grandes empresas eléctricas, y por consiguiente para el desarrollo económico y social de esas comunidades”, según alertó el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense en un comunicado reciente en el que advirtió también que “el escenario de las pequeñas distribuidoras municipales corre peligro”.

“No sabemos cómo vamos a hacer para cumplir con el pago a Cammesa”, advierten